Comentario


Desde hace unos años el creciente ejercicio por parte de los
particulares de funciones públicas es un hecho incontestable, al igual
que es incontestable la importante problemática jurídica que ha
generado especialmente en relación con la protección jurídica de los
sujetos privados que son destinatarios de esa actividad. Existe una
necesidad, cada vez más evidente, de someter dicha actuación a las
mismas garantías procedimentales que existen en las relaciones
jurídicas entre la Administración y el ciudadano, y ello ha llevado a
una vis expansiva del Derecho Administrativo. En este trabajo se
abordan distintos supuestos en los que la actividad administrativa
puede ser desarrollada por sujetos privados, que se encuentran en
diferentes posiciones jurídicas en relación con la Administración,
desde aquellos que se integran en el propio sector público (sociedades
mercantiles públicas y fundaciones públicas), pasando por los
supuestos en los que existe una relación contractual con la
Administración (concesionarios y contratistas de servicios públicos) o
una atribución de funciones públicas, como ocurre por las
Corporaciones de Derecho Público hasta llegar al papel que juegan en
la actualidad las entidades colaboradoras de la Administración o las
empresas prestadoras de servicios liberalizados, cuya actividad dado
el interés general que presenta, está fuertemente intervenida por la
Administración alterando el carácter de las relaciones con los
usuarios.