Implementar una política pública en el ámbito de la consolidación de la memoria histórica o democrática que sirva a la adecuada protección de los derechos de las víctimas de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Se trata, sin duda, de una asignatura todavía pendiente en nuestro país. Hasta ahora, el conjunto de las iniciativas que han logrado salir adelante no ha alcanzado los estándares impuestos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Así lo ha venido afirmando un nutrido grupo de órganos de protección internacional de derechos humanos.
