El reparto de funciones entre los particulares y las instancias públicas es uno de los objetivos centrales del Derecho Público. Casi podría decirse que es la razón misma de este Derecho, si atendemos a las más relevantes circunstancias que lo enmarcan. Con todas las simplificaciones que advertirse quieran, el Derecho Públic o toma conciencia de sí mismo cuando percibe la existencia de tal distinción de funciones, públicas unas, privadas las otras. Desde ese momento iniciático, nada preciso en su fecha, los objetivos han sido, primero, el establecer tal distinción de funciones y, segundo, el asignarlas a distintos sujetos.
