Las redes electrónicas de comunicación han despertado desde sus orígenes la atención de los juristas. No podía ser de otro modo puesto que, como es obvio, los sujetos que intervienen en ellas lo son de derechos y obligaciones, y la actividad que desarrollan a través de la red, como toda conducta externa, produce efectos en el ámbito del Derecho ya sea constituyendo, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas ya sea ejercitando derechos propios o vulnerando derechos de terceros. No será necesario ni acaso conveniente que a estas alturas del desarrollo de las redes digitales nos detengamos a describir los elementos básicos que caracterizan la denominada sociedad de la información en que nos hallamos inmersos. El tiempo transcurrido ha demostrado ya que junto a inimaginadas posibilidades y ventajas, el espacio virtual ofrece un generoso cauce para el desarrollo de conductas ilícitas, no necesariamente nuevas, pero sí dotadas de unas características peculiares por razón del medio en el que se llevan a cabo. Una de estas características es la participación de los intermediarios, esto es, de aquellos sujetos
