El Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas se constituye como uno de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Cuando el mismo se ve vulnerado por la actuación de la Administración de Justicia derivada de una dilación o retardo en la tramitación de un procedimiento penal, resulta absolutamente necesario proceder a su reparación y restitución. Y si esto resulta grave el cualquier orden judicial, es especialmente relevante, por las dañosas consecuencias que ello puede plantear y ocasionar, en el orden jurisdiccional penal, donde no sólo se vería lesionado este derecho, sino otros directamente relacionados como la libertad, dignidad, etc. Precisamente por ello, el legislador penal ha incluido expresamente una atenuante específica que determinará una atenuación de la pena en aquellos casos en los que, dentro de un proceso penal, se produzca una dilación indebida en la tramitación del procedimiento. Ello implicaría que la consecuencia jurídica que sufra quien está siendo sometido a un procedimiento penal implique el sufrimiento adecuado a la gravedad de la gravedad y del injusto por el que
