SOLAR CAYON, JOSE IGNACIO / SANCHEZ MART
La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y, desde su ratificación por nuestro país en el año 2008, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Ello nos obliga, tal como dispone su artículo 4, a adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma, incluida la modificación o derogación de las normas pertinentes. En este proceso de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias de la Convención se han dado ya pasos muy significativos a nivel estatal, como la promulgación de la Ley de adaptación normativa a la Convención (2011) y la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (2013). Sin embargo, dado el sistema de reparto competencial establecido en nuestra Constitución, la acción de las Comunidades Autónomas se revela esencial en este asunto, en cuanto ostentan competencias en aspectos fundamentales para garantizar la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad.
