¿Derecho ordinario de excepción, estado de alarma o estado de excepción? Uno de los aspectos que la crisis sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto es el debate sobre el reparto de competencias entre las distintas administraciones públicas. Y es que la gestión legítima de una crisis sanitaria requiere, ante el estado actual del ordenamiento jurídico español, o bien centralizar toda la gestión sanitaria a través del Derecho de excepcionalidad o bien descentralizarla a través del Derecho ordinario de excepcionalidad. . El presente trabajo ofrece un análisis pormenorizado de los distintos mecanismos de control del poder durante las crisis sanitarias, incorporando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional —y en particular la STC 148/2021, de 14 de julio—, que modificó de manera radical los supuestos del estado de alarma; permitiendo que, siempre que sea necesario declarar un confinamiento domiciliario, al que ha catalogado como una suspensión de derechos, se adopte el estado de excepción.
