La identificación y el alcance de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos siempre han constituido un objeto de debate entre la doctrina administrativista y los operadores jurídicos. Con un legislador, en ocasiones, poco riguroso con las categorías propias de la teoría de la invalidez y una jurisprudencia cambiante, e incluso contradictoria en esta materia, el presente trabajo pretender responder a la pregunta de qué actos administrativos merecen la calificación de nulos, así como la determinación de los efectos prácticos de esa calificación.
