La Constitución atribuye en exclusiva a los jueces y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional, mas los efectos de la publicidad registral que la legislación hipotecaria concede a los asientos del registro exige que todos los documentos que pretendan el acceso al mismo sean objeto de un control de legalidad. La conexión entre la Ley procesal civil y la Ley hipotecaria y la relación continua que les es preciso tener a jueces y registradores, aquéllos despachando documentos judiciales con precisión de acceso al registro de la propiedad y éstos obligados a calificar para conceder o denegar dicho acceso en pro de la seguridad jurídica de los bienes y derechos inscritos, constituye el objeto de este trabajo donde se contemplan tales relaciones, se exponen los procedimientos y actuaciones que dan lugar a tales documentos judiciales precisados de la calificación registral para su acceso al registro y trámites hasta lograrlo con modelo de las actuaciones para ello que, confiamos, tenga la misma acogida que los trabajos anteriores.
