La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en 2010 en el art. 31 bis del Código Penal para castigar los delitos que cometen los directivos o empleados de las empresas en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho. La reforma del texto punitivo, operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ha venido a ampliar el catálogo de responsables penales por la comisión de esos delitos, introduciendo también a las propias personas jurídicas en cuyo seno se perpetran cuando en las mismas no se disponga de un modelo de prevención y control de delitos o plan de cumplimiento (compliance).
Todo ello supone que las empresas han de adaptarse a las nuevas exigencias legales. La presente obra ofrece las claves para hacerlo, adaptada a la interpretación de la Fiscalía General del Estado y a las sentencias del Tribunal Supremo de 2016. Divide su estudio en tres módulos: el compliance officer y el alcance de la responsabilidad de las personas jurídicas; el programa de compliance: requisitos que deben cumplir los Modelos de Prevención de Delitos, y, finalmente, un comentario teórico-práctico de aquellos delitos que deben ser objeto de prevención y de control de las actividades de compliance.
