El presente trabajo es parte de otro más amplio y
ambicioso destinado a demostrar que nuestra legislación
hipotecaria, en contra del entendimiento común, sancionó
y sanciona un verdadero sistema de registro inmobiliario
con inscripción constitutiva que, en su propia medida,
altera y modifica las normas civiles sobre la propiedad
inmobiliaria, especialmente en cuanto a su constitución y
transmisión.
En esta parte, y tras hacer una consideración genérica e
institucional del Registro, se aborda la finalidad perseguida
por el legislador con su instauración en nuestro
ordenamiento en la que, por contra a la opinión común,
siempre estuvo al margen el registro de documentos a la
manera francesa. La inscripción no fue ni es un mero
trasunto de la escritura, sino algo diferenciado y
causalizado en la decisión del Registrador cuando actúa las
potestades que le atribuye el legislador soberano.
Tras ello se considera el instituto del Registro como parte
integrante de nuestro Estado de Derecho, comenzando
por los referentes constitucionales, en tanto límites
negativos infranqueables para la legislación ordinaria, y
concluye con un intento de encajar la institución dentro
del marco de la organización estatal al amparo de la
legislación vigente que la regula.
Quedan para después otras partes, hoy en avanzada fase
de elaboración, necesarias para que el total trabajo sirva
plenamente la finalidad genérica propuesta. De entre ellas
sólo aludir al estudio de la inscripción y sus efectos, así
como las limitaciones que su falta supone para la
propiedad inscribible y no inscrita. Alusión singularizada
que se justifica porque, si Dios no lo remedia, antes de
que concluya el presente año estará a disposición de
quienes decidan atormentarse con su lectura.
